Reconozco que en las primeras horas de la #spanishrevolution he sido crítico con la protesta por la previsible ineficacia de las formas utilizadas por los manifestantes. Pero defiendo peticiones como modificar la ley electoral, listas abiertas o escaños proporcionales al número de votos. Plantearse la lucha contra el poder es inútil pero este tipo de propuestas relacionadas con nuestro sistema democrático tienen más sentido que recurrir a Marx.
El establishment, desde mítines a tertulias radiofónicas, ha denunciado estos días que se ponga en duda nuestra democracia, como si no hubiera mejor forma de llevarla a cabo y representar realmente a la ciudadanía.
El análisis que reproduzco a continuación sobre la participación ciudadana en la gestión pública, premiado en el congreso CLAD 2009 sobre Reforma del Estado y Modernización de la Administración Pública, explica con una claridad meridiana las deficiencias de nuestro sistema democrático.
He seleccionado los fragmentos que mejor explican cómo hemos llegado hasta aquí pero recomiendo la lectura del ensayo completo en el que también se muestran las ventajas de los procesos participativos para la gobernanza local. La autoría corresponde a Pedro Prieto Martín, presidente de la Asociación Ciudades Kyosei y doctorando del Dpto. de Cc. de la Computación de la Universidad de Alcalá.
A la muerte del general Franco, dictador que ocupó la jefatura del estado durante casi cuarenta años, se inició un proceso de reforma que, respetando los cauces de la legalidad franquista, pretendía instaurar un régimen democrático que favoreciese la modernización de España y permitiese su integración en el marco económico y político europeo. Desde el gobierno, que tenía una orientación de centro-derecha, se diseñó un sistema electoral que buscaba cumplir dos objetivos.
En primer lugar, debía limitar la fragmentación partidaria y ser capaz de producir gobiernos mayoritarios y estables, pues se los estimaba como imprescindibles para el éxito de la transición. En segundo lugar, se buscó formular un mecanismo que garantizase que el que sería el futuro partido del entonces presidente pudiese alcanzar, con el 36% de los votos que esperaba obtener, una cómoda mayoría absoluta.
Para ello, se abogó por un modelo con reparto de escaño pseudo-proporcional y con pequeñas circunscripciones provinciales que, por un lado, favorecía enormemente a los dos mayores partidos de ámbito nacional a costa, principalmente, del resto de partidos nacionales, y que por otro lado amparaba a los partidos conservadores frente a los progresistas. Este diseño electoral buscaba asimismo impedir que el Partido Comunista, legalizado apenas unos meses antes de las elecciones, obtuviera una influencia parlamentaria que se correspondiese con la fuerza política que entonces se le atribuía.
La estratagema resultó tan exitosa que dicho sistema electoral sigue aún vigente más de 30 años después. Los dos principales partidos de ámbito nacional se vieron tan beneficiados por él –en media recibieron, conjuntamente, un 16% de sobre-representación en las tres primeras elecciones– que no pudieron menos que refrendarlo en 1985, con carácter definitivo. Desde entonces han ido acaparando un porcentaje creciente del voto total, principalmente por causa de la concentración mediática que se ha producido en torno a ambos, pero en parte también por la influencia del propio sistema electoral en el comportamiento de los votantes, que tienden a votar a los partidos mayoritarios para maximizar la “utilidad” de su voto.
Hay, sin embargo, otro componente del sistema electoral español que tiene unas consecuencias anti-democráticas si cabe aún más severas. Tras cuatro décadas de dictadura en que los partidos políticos estuvieron proscritos, se intentó fortalecer las estructuras partidarias por medio de un sistema de listas cerradas y bloqueadas, de forma que fueran las direcciones de los partidos las que elaboraran las listas de candidatos que los ciudadanos podrían votar en cada circunscripción.
Sin duda, las listas cerradas y bloqueadas permiten a la dirección del partido ejercer un fuerte control y una férrea disciplina dentro de la agrupación. El problema es que al mismo tiempo vienen a quebrar el tan fundamental vínculo democrático entre el elector y el elegido, convirtiéndose la democracia en una “partidocracia”.
Quienes otorgan los cargos a los políticos no son ya los ciudadanos sino los partidos, cuyas jerarquías deciden el lugar de los candidatos en las listas electorales y, por consiguiente, si serán elegidos o no. En vez de líderes políticos sometidos al control de sus electores, con quienes mantienen un contacto y comunicación constante, lo que tenemos son profesionales de la política expertos en medrar dentro de las estructuras partidarias y acostumbrados, por tanto, a anteponer el interés y las consignas del partido a cualquier otra cosa.
Sólo tomando conciencia de que no es ante los ciudadanos que los políticos deben rendir cuentas, puede llegar a entenderse que el Parlamento, que debería operar como un santuario del diálogo democrático en pro del bien común, se convierta en ocasiones en una especie de circo romano en el que Sus Señorías se comportan peor que los macarras del instituto durante la clase de literatura (Díez, 2007).
Las listas cerradas y bloqueadas generan asimismo dinámicas perniciosas por el lado del ciudadano. Puesto que no es posible ejercer ningún control directo sobre los políticos, desaparece el estímulo para informarse sobre ellos, hasta el punto de que la mayoría de las personas no conocen más allá del segundo integrante de las listas electorales de su provincia. Al final, al ciudadano no le queda otra posibilidad que establecer con los partidos políticos una relación similar a la que mantiene con los equipos de fútbol: podrá alentarlos, abuchearlos y hasta identificarse con sus colores, pero no puede aspirar a determinar su juego.
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Los políticos, en España y el resto del mundo, se ven por tanto obligados a enfrentar un trascendente dilema: ¿Dónde encontrar la voluntad con la que cambiar las reglas actuales si son precisamente ellos quienes más se benefician de ellas? Es más, son esas mismas reglas las que les están escudando ante mayores demandas de cambio y las que por tanto posibilitan que puedan mantener sus cargos y privilegios en el corto y medio plazo. Es ésta, sin duda, una paradoja de difícil resolución, pero no es la única ni la más grave de las que anidan en las psiques de los políticos.
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Buena parte de la bonanza económica que España experimentó en la última década fue debida al espectacular boom inmobiliario que, amparado en la Ley del Suelo de 1998, promovió un modelo de desarrollo urbanístico de carácter no sostenible, que fomentó la especulación y generalizó la corrupción. Según las cifras oficiales, los precios de la vivienda crecieron entre 1997 y 2006 un 187%, para ir estabilizándose a lo largo de 2007 y seguramente estancarse o caer durante el 2008. El fin de este auge provocará, sin duda, una ralentización general de la economía española; su efecto sobre las finanzas municipales va a ser, sin embargo, mucho más dramático.
Durante los años del “boom del ladrillo” la gran mayoría de los municipios españoles recurrieron a las recalificaciones urbanísticas para incrementar su recaudación y mejorar su situación financiera. Desgraciadamente, los pingües ingresos extraordinarios provenientes de las recalificaciones favorecieron la indisciplina fiscal: en muchos casos fueron indebidamente utilizados para sufragar gastos corrientes y sobredimensionar la administración municipal, cuando no para la obtención delictiva de lucro personal por parte de políticos, funcionarios
y otros intermediarios.
Se extendieron así, por todo el territorio nacional, las prácticas de corrupción, la opacidad administrativa y el incumplimiento sistemático de las normativas urbanísticas, hasta el punto de que entre 2000 y 2007 los medios de comunicación españoles llegaron a denunciar más de mil casos de supuestas irregularidades urbanísticas y presuntos casos de corrupción.
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El modelo de participación ciudadana español presenta así, sobre todo al nivel “nacional”, un carácter restrictivo y controlador que, a efectos prácticos, no difiere mucho del utilizado ocasionalmente por regímenes de tipo dictatorial.
En su gran mayoría los españoles ignoran que existan otras formas de ejercer su ciudadanía que no sea a través de las elecciones, de la misma forma que no son conscientes del resto de desequilibrios existentes en el andamiaje democrático español. Cuarenta años de dictadura y, posteriormente, un notable trabajo de endoculturación a favor del statu quo realizado desde el sistema educativo y los medios de comunicación masiva, han extendido entre los ciudadanos la impresión de que la democracia básicamente consiste en elegir cada cuatro años entre las listas propuestas por los partidos políticos.
La situación tiene, sin embargo, visos de cambiar en los próximos años. El patente anacronismo de esta legislación se va a hacer más y más visible para una ciudadanía cada vez más crítica y crecientemente acostumbrada a ser consultada y a dar su opinión. Es más, una legislación obsoleta y restrictiva confiere mayor visibilidad a los movimientos críticos, cuyas campañas y acciones podrían servir para desanudar la, hasta ahora reprimida, demanda ciudadana de participación.
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PRIETO-MARTÍN, P. (2010) (e)Participación en el ámbito local: caminando hacia una democracia colaborativa, Asociación Ciudades Kyosei, [http://is.gd/vG2og1]
